Su última sesión ordinaria quincenal realizó la Junta Departamental de Soriano recibiendo una serie de planteos, reclamos y denuncias que serán trasladadas a las comisiones respectivas para su estudio y seguimiento así como otras serán derivados a los organismos e instituciones correspondientes.

En el Orden del Día se abordó la solicitud del Intendente de Soriano Agustín Bascou de gozar de licencia en el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 18 del mismo mes del año 2019. Dejó expresado que existe la posibilidad de que se reintegre antes de la fecha anteriormente mencionada, por lo que solicitó que en el decreto que se dicte, se prevea esta posibilidad con la correspondiente comunicación.

Asimismo ingresó una nota del primer suplente Carlos Aunchayna donde expresa que en conocimiento de la solicitud de licencia efectuada por razones estrictamente personales y por esta oportunidad, sin perjuicio de tratarse de una vacancia temporal, no le es posible aceptar el cargo de Intendente Municipal.

Por su parte María Fajardo en conocimiento de la licencia efectuada por el Intendente Bascou y ante la imposibilidad el primer suplente en esta oportunidad, y en atención a su carácter de suplente del mismo informó su disposición de suplir la vacancia asumiendo la responsabilidad de ejercer el cargo de Intendente Municipal a partir del 2 de enero de 2019.

Cuestiones Previas

En las mociones previas, la edila frenteamplista Alba Bonino se refirió al tema del tránsito que aún sigue dando que hablar reclamando la ejecución del plan de estacionamiento tarifado para poder revertir el “caos” que se observa sobre todo en la zona céntrica de Mercedes, constatándose las dificultades que existen para estacionar, el desorden y embotellamiento que se da en el entorno de Plaza Independencia.

Se continúa asistiendo, dijo a un tránsito desordenado y por momentos caótico, donde los conductores intentan ubicar su vehículo, manipulando en  doble fila o más, cometiendo transgresiones a las normas de tránsito e irregularidades que ponen en riesgo a los propios conductores, acompañantes y a terceros.

Agregó que a todo este problema se le suman los cuidacoches quienes en definitiva se encargan de dirigir y orientar a los conductores para lograr un espacio donde estacionar. 

En este punto, remarcó que éste es otro tema “que aún no se ha logrado abordar con seriedad y mucho menos resolver, a pesar de las gestiones realizadas  y proyectos presentados en este sentido”.

Recordó que en varias oportunidades ha planteado como legisladora, la necesidad de revertir la situación poco equitativa que se da en esta zona de la ciudad, en que por lo general las personas estacionan su vehículo en un espacio determinado, cerca de su lugar de trabajo y allí permanece durante todo el tiempo en que dura su jornada laboral u otras actividades. Ante esta realidad planteada la edil se preguntó “¿no será hora de que la Intendencia a través de la Dirección de Tránsito tome cartas en el asunto?, la Intendencia en su rol ejecutivo, ¿cuándo va a comenzar a aplicar de una vez por todas, la Ordenanza sobre Estacionamiento tarifado en el departamento, aprobada por este organismo legislativo en julio de 2017? ¿No será demasiado un año y medio de espera para instrumentar esta medida? Asimismo ¿no sería conveniente destinar un inspector de tránsito para ordenar y dirigir el estacionamiento en torno a la Plaza Independencia? Su reclamo será trasladado al Ejecutivo para resolución.

Luis Rico, por su parte se refirió a la Escuela Agraria La Concordia señalando entre otros conceptos que desde el Frente Amplio se pondera el estado de este centro docente desde que son gobierno, sin embargo en visita realizada en setiembre de 2013  se constataron carencias edilicias tanto en sanitaria, electricidad y mamposterías. La rotura de la pared del frontón, mal estado de alambrados y de caminería interna, falta de un profesor técnico. Todo ello ya no es problema porque, según el edil, se fueron solucionando gracias a gestiones del diputado Gonzalo Novales y la cooperación de la intendencia dirigida por Guillermo Besozzi y el Municipio de Dolores. 

Mientras tanto el edil nacionalista Raúl Bruno recordó que en la sesión anterior un edil se refirió a la  prohibición del ingreso de vehículos particulares y personas ajenas a la Intendencia en el corralón Municipal, aludiendo que los legisladores no somos ajenos a la Intendencia. Está claro, dijo que, la Junta integra el Gobierno Departamental, pero bien claro también que no integra la Intendencia, o quizás tiene número de ficha que se desconoce, en cuyo caso reglamentariamente no podría formar parte de la Junta Departamental. Añadió que “nuestros cometidos específicos son legislativos y de contralor, a través de la solicitud por escrito al Presidente de la Junta y por su intermedio al Intendente, de los datos e informes que estimemos necesarios. Le recordamos al señor edil que estamos específicamente vedados de tramitar asuntos propios o de terceros”.

Por último, denotó su beneplácito, dado que quedaron instaladas las jaulas de protección de las cabinas en el peaje Mercedes, que había solicitado en su momento a las autoridades competentes. Unos días antes de su instalación se había vuelto a producir un siniestro con maquinaria agrícola sin consecuencias importantes. Por tanto, sin lugar a dudas que es un avance significativo en seguridad, que tendrá que complementarse con otras medidas que también planteara dijo, el legislador.

Demagogia y mala fe fueron los términos utilizados por la edil Nilda Costa al referirse a los conceptos vertidos en la sesión anterior por un edil de su partido que refería al trabajo llevado adelante por la Comisión de Becas de la Junta. Desestimó lo expresado por el legislador denunciado que había salido “alegremente a criticar y denostar a compañeros como si  fuera el paladín de la justicia”, agregó que “se presentó información incompleta, mal interpretada, excluyendo posibles problemas, objeciones, dificultades, lo que resultó en la presentación de una realidad falseada, sin incurrir directamente en la mentira”. Afirmó que “la comisión de becas fue responsable, metódico y apegado a las reglas, cosas que parece que el edil quiere que desconozcamos. Algunas personas están acostumbradas a actuar y manifestarse con total falta de códigos”, concluyó.En la misma línea la edila Mayka Acuña se lamentó de lo acontecido indicando que su par, en su juego político de querer sobresalir, “utiliza el bajo recurso de exponer a otros ediles y funcionarias de la Intendencia a la opinión pública, utilizando falsos argumentos. Y lo que es peor aún, utilizar para este juego las necesidades de la gente y exponer con nombre y apellido la situación económica de un adolescente y su familia. Como integrante de la Comisión de Becas debo decir que en todo momento se actuó y procedió apegados al Reglamento, cuya última versión fue aprobada por esta Junta en marzo del corriente año”. Afirmó que el grupo que representa, tuvo un lugar en la Comisión, que luego por decisión propia no quiso ocupar más.

Aprovechó la instancia para aclarar en términos generales que al momento de evaluar las carpetas de los aspirantes, se determina un baremo, contemplando entre los ítems a evaluar, escolaridad, ingresos per cápita, nivel educativo y distancia entre el domicilio del estudiante y el centro de estudio. De este modo por ejemplo quien cursa un nivel universitario o terciario obtiene un mayor puntaje que aquellos que cursan un bachillerato o ciclo básico; quienes tienen un ingreso per cápita muy reducido obtienen mayor puntaje que aquellos que se encuentran en mejor situación económica. Así  se obtiene una lista ordenada, y de forma lógica quienes obtienen un mayor puntaje son los que logran este beneficio. 

También es importante decir que la comisión dispone de un determinado monto, el cual debe distribuir según el reglamento aplicando cierto criterio. En base al monto total y según el monto que se determine para cada beca, de una simple división resulta la cantidad de beneficiarios, que evidentemente se obtiene de esa lista ordenada. Indicó que “por una cuestión de respeto y confidencialidad no voy a revelar el puntaje que obtuvo el estudiante en cuestión, pero sí decir que quedó por debajo de un mínimo que la Comisión estableció para distribuir”.

En lo que respecta a las aclaraciones de las afirmaciones realizadas por el edil cuestionado, Acuña sostuvo que “primero que nada él dice que no se le otorgó porque el curso se realiza en Dolores, ciudad de residencia del estudiante. Falso. No se le otorgó la beca porque no obtuvo el puntaje mínimo que la comisión estableció. También sostiene que sólo se dan becas a estudiantes de educación media en forma excepcional y si cuentan con un informe social. También es falso. Los beneficiarios surgen de esa lista ordenada, que por razones obvias de puntuación en la medida que se empieza a bajar en la lista, contemplando los niveles educativos y según la cantidad de inscriptos pueden quedar o no estudiantes de educación media. Es evidente que de algún modo el edil tuvo acceso a un documento que la Comisión envió como respuesta a un reclamo que presentó la familia de este estudiante. Cuando se menciona que se dieron algunas excepciones, fueron familias con múltiples hijos estudiando, incluso con situaciones de discapacidad en el entorno familiar y extrema vulnerabilidad socio económica debidamente justificada y respaldada por informes de técnicos sociales. También debo decir que me sorprende que nos llame soberbios por haber actuado en concordancia a la ley habiendo aplicado el Ar-tículo 11 del Reglamento de Becas donde se dictamina que los fallos de la Comisión son inapelables. Me preocupa que se cuestionen decisiones objetivas de una comisión democráticamente representada por los tres partidos que ocupan un lugar en el legislativo departamental, pero más me preocupa aún, que se quiera utilizar la influencia, la presión política para incidir y cambiar estas decisiones”.

La edil fue más allá y dijo que si el edil quiere que se revea la situación de un estudiante en particular entonces se debería rever la situación de decenas de alumnos que tampoco resultaron beneficiarios, incluso algunos con un puntaje mayor que el de dicho alumno. Se preguntó si acaso “pretende que le retiremos el beneficio a algún otro alumno para dárselo al que él está reclamando?. No quiero pensar que su preocupación y molestia, que le llevaron a exponer este caso en forma pública, sea por haber visto frustrado algún compromiso político particular que él haya asumido con la familia. Creo que todos debemos asumir en forma responsable nuestro trabajo, no generar falsas expectativas a la población que se acerca a trasladarnos un problema. Buscarle una solución sí, ese es nuestro deber, aunque no siempre logremos el cometido. A veces es parte de nuestro rol tener que decir esto no se puede hacer, y no por ello vamos a dejar de ser buenos políticos. Saber mantener el equilibrio y el respeto hacia los demás esa es la cuestión” concluyó.

La edil frenteamplista Nerina Bionda en su intervención hizo énfasis en un tema que, dijo, ha sido una constante entre las distintas áreas, procedimientos y gestión de la Intendencia en general y con el Municipio de Cardona en particular. Me estoy refiriendo a la escasez, calidad, parcialidad de la información que se viene manejando.

En ese sentido indicó, que en la última sesión del Concejo del Municipio de Cardona-pero también en otras-, quedó claro,  que evidentemente no hay intenciones de informar, o por lo menos con la celeridad y precisión que es necesario, afirmó y se refirió a algunos temas.

Por ejemplo dijo que es inadmisible que aún no se haya procesado  un informe que se envió a la Dirección de Higiene en octubre con los fundamentos de por qué la ciudad de Cardona necesita contenedores y la invitación a que los técnicos correspondientes concurran a intercambiar ideas con los miembros del Concejo. Es inadmisible que desde el 25 de junio se haya elevado una carta al Sr. Intendente solicitándole que el Municipio pueda cumplir con lo que establece la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana; acerca de que el Concejo es quien debe ser Ordenador de Gastos y aún no haya obtenido respuesta, tratándose de un tema tan delicado como es en qué gastar dineros. Es inaceptable, también que dentro del propio Municipio se vote un reglamento de funcionamiento para el uso del Teatro Artigas y se viole el mismo favoreciendo a organizaciones u operadores privados que no son carenciadas. Y lo que es peor que los propios integrantes del Concejo Municipal del Frente Amplio no se enteren y cuando piden información se les proporcione en forma parcial. Otra interrogante sin contestar para la población de Cardona es qué se hará con el dinero presupuestado para la Terminal de Ómnibus a ejecutar en el año 2018 y 2019. Los concejales del Frente Amplio así lo plantearon, porque la población quiere saber. Recordemos que cuando votamos la anuencia para el llamado a Licitación en esta Junta, se expresaba claramente que lo presupuestado quedaría para obras en Cardona, y que el Concejo decidiría, previa consulta con los vecinos.

Dijo estar convencida que “la desinformación o la información parcial es dañina, no debe ser la regla, pero es la realidad constante en la que vivimos, para quienes estamos en lugares electos por los ciudadanos, pero lo que es peor la propia ciudadanía. No podemos permitir que teniendo las normas para el relacionamiento de un Gobierno Departamental se deba recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública entre los distintos niveles de Gobierno de una misma Intendencia, para saber nada más ni nada menos, qué se va a realizar con el superávit de casi 8 millones de pesos generado por el propio Municipio de Cardona. Lamentablemente otra perla más para este collar que nos hace ser sospechosos y sospechados a todos quienes estamos en lugares de exposición pública”, dijo entre otros conceptos.

 (Ampliaremos)